Entrevista a Irene Cari: Cómo los grupos de mujeres indígenas y feministas en Argentina se están organizando para detener la violencia sexual racista y el femicidio

ONU Mujeres habló con Irene Cari, activista indígena de la provincia de Salta, en el norte de Argentina, sobre la violencia contra las mujeres en el país y las formas de prevenirla. En 2014, Cari fundó el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, una asociación que apoya a mujeres y niñas que sufren maltrato, incluidos los abusos sexuales. En 2022 participó en el tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir en Salta, que contó con el apoyo de ONU Mujeres. También fue miembro del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de la Iniciativa Spotlight de las Naciones Unidas, que financia programas comunitarios innovadores para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo.

“Las voces de las mujeres indígenas no pueden ser silenciadas mientras estas violaciones sexuales [persistan…]. Apenas en 2009, cuando se sancionó la Ley núm. 26.485, pudimos hablar más sobre este tema”.

Mediante la Ley núm. 26.485 de protección integral a las mujeres, se reconoció el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y a acceder a asistencia jurídica y atención integral.

La investigación de ONU Mujeres a escala mundial demuestra que las leyes progresistas pueden marcar la diferencia: los países que contemplan la violencia doméstica en la legislación registran menores tasas de violencia de pareja que los que no la contemplan (el 9,5% frente al 16,1%).

“Hoy, las mujeres indígenas estamos decididas a romper los estereotipos sexistas y racistas que nos han etiquetado como las pobres, las invisibles, las que no hablan español y no se visten con ropa occidental”.

“Los derechos de las mujeres son derechos universales”, dijo Cari.

Las organizaciones de mujeres, como el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades y la red Las Macachas han visibilizado el tema a través de sus actividades de divulgación y prevención.

Sus iniciativas han mostrado algunos resultados prometedores. En 2014, la provincia argentina de Salta declaró la emergencia social por violencia de género y amplió los servicios para las supervivientes. Más recientemente, el gobierno de Salta ha denunciado públicamente el chineo como abuso sexual infantil; sin embargo, ninguna ley tipifica específicamente este delito.

El movimiento de mujeres está pidiéndole al Estado que el chineo se considere un delito de odio y una práctica de violencia sexual sistemática, penado por la ley, y que se otorguen fondos para la recuperación de las víctimas y dar apoyo a las iniciativas de prevención.

“La violencia está arraigada en la vida cotidiana de las familias y en las prácticas sociales y culturales de nuestra provincia”, señaló Cari. “Se ha normalizado subestimar a las mujeres y usar lenguaje violento contra ellas”.

Cari mencionó algunos casos en los que se infringen las leyes vigentes cuando se trata de proteger a las mujeres frente a la violencia de género. Mientras tanto, la violencia se intensifica sin cesar.

“El caso más reciente de femicidio ocurrió cuando una mujer llamó al número de emergencias pidiendo ayuda por amenazas de su expareja”, manifestó Cari. “La policía llegó al lugar, pero no hizo nada cuando el hombre escapó. Pocas horas después, regresó y la mató”.

Cari señala el fracaso de las autoridades a la hora de poner en práctica las medidas de prevención vigentes y evaluar los riesgos cuando las mujeres denuncian hechos de violencia.

Desde la reforma legal del Código Penal argentino de 2012, el homicidio de una mujer en contexto de violencia de género se pena con cadena perpetua, aunque Argentina no cuenta con una ley específica sobre el femicidio.

“Los femicidios no se han detenido, aunque son prevenibles y evitables”, dijo Cari. “En toda Argentina, en 2023, hubo 250 víctimas de femicidio. En Salta, en lo que va del año se han registrado 20 femicidios”.

Cari y otras feministas recomiendan revisar los resultados de la aplicación de la legislación en materia de violencia de género en la provincia de Salta en los últimos 10 años y transformar las políticas públicas en consecuencia. También hacen hincapié en el empoderamiento económico de las mujeres, “ya que la igualdad incluye la superación de la pobreza de las mujeres”.

“Necesitamos fondos para promover la participación de las mujeres, no solo en la formulación de políticas públicas, sino también para participar en las elecciones”, dijo, señalando la necesidad de voces feministas que puedan promover políticas más sólidas para detener la violencia de género y el homicidio intencional de mujeres.

“Sin embargo, la violencia y el acoso político [contra las mujeres en la política] son muy fuertes. No es fácil ser mujer, política e indígena. Al alzar nuestras voces, corremos el riesgo de convertirnos en un femicidio más”.