Respaldando los esfuerzos para poner fin a la impunidad para los feminicidios y crímenes motivados por el género
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(14 de marzo de 2013) “Hoy estamos aquí para hablar de la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres: los asesinatos de mujeres por razones de género, también llamados feminicidios. Estamos aquí para discutir del asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres”, dijo la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, durante su presentación en un evento paralelo sobre el feminicidio el 8 de marzo durante la 57a sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW57).
Según un informe de 2012 de la ONU sobre el femicidio por la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, la tasa de homicidios de hombres se ha mantenido estable durante la última década, pero ha habido un aumento en la tasa de homicidios de mujeres.[1]
Citando ese informe, la Sra. Bachelet dijo que entre los años 2004 y 2009, la escala global del feminicidio se estima en aproximadamente 66.000 víctimas al año – casi una quinta parte de todas las víctimas de homicidios. Sin embargo, advirtió que la mayoría de los países no tipifican a estos crimines como “femicidios” o “asesinatos por motivos de género”, por lo cual actualmente es imposible conocer su verdadera magnitud.
“Hoy en muchos países vemos que la impunidad es generalmente la norma más que la excepción”, aseveró la Sra. Bachelet. “Es hora de fortalecer los sistemas de justicia, de capacitar a la policía y a los jueces para eliminar los estereotipos y los prejuicios hacia la mujer, de mejorar los servicios de apoyo a las supervivientes y a sus familias, y de dedicar planes y presupuestos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas”.
La Directora Ejecutiva detalló el trabajo de ONU Mujeres en este sentido, conjuntamente con otros organismos de la ONU y a menudo a través de la campaña del Secretario General, ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, lo que ha incluido la creación de un Protocolo regional para la investigación de los asesinatos violentos de mujeres por razones de género, o el feminicidio, en América Latina. Este trabajo pionero está siendo realizado junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con la Federación de Asociaciones de Derechos Humanos y con el Gobierno de España. El protocolo establecerá directrices para investigar con eficacia las muertes violentas de las mujeres, de modo de garantizar que el proceso tome en cuenta el contexto, identifique la relación con el culpable y esté conforme a las obligaciones internacionales de los Estados.
El evento paralelo se centró principalmente en América Latina porque más de la mitad de los 25 países con mayor incidencia de casos de femicidio están en esa región, según un informe de 2012 por el organismo Small Arms Survey, citado durante la presentación de Kyung-wha Kang, la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos.[2]
Además de la necesidad de un protocolo regional, destacó la necesidad de legislación específica que tipifique los asesinatos por motivos de género para que el feminicidio no sea cubierto por la agregación de homicidios. La Sra. Kang dijo que las leyes deben “integrar la prevención y medidas de protección para las víctimas, las y los testigos y sus familias, teniendo en cuenta la participación de las víctimas en los procesos penales y proveyendo mecanismos de investigación con perspectiva de género”. La Sra. Kang también hizo hincapié en la necesidad de velar por que las normas y leyes sean entendidas por las y los funcionarios encargados de investigar y enjuiciar estos delitos.
Las obligaciones internacionales de los Estados para acabar con el feminicidio también fueron destacadas por la panelista Patricia Olamendi, miembro del Comité de expertos de la Convención de Belem do Pará del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica.
Citó una sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo Algodonero”, que implicó el asesinato de tres mujeres en un campo algodonero, en el que se condena a México por haber violado la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará.
“El caso es particularmente importante ya que el Tribunal consideró que México había fallado en prevenir el asesinato y desaparición forzada de las tres mujeres jóvenes en un contexto estructural en el que cientos de mujeres estaban siendo asesinadas y desaparecidas y el Estado no había actuado”, explicó Olamendi. Dijo que para combatir la impunidad, la Corte recomendó crear protocolos de actuación, tal como el que está siendo impulsado a nivel regional por ONU Mujeres y el ACNUDH, y el Gobierno de España.
A nivel mundial, España también está encabezando una resolución sobre el femicidio/feminicidio que se presentará en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos en junio de 2013, comentó el panelista Fernando Fernández-Arias, Ministro Consejero de la Misión Permanente de España ante la ONU.
“España quiere que la resolución señalice la naturaleza global de este tema que puede adoptar diversas formas y existe en todas las sociedades. La resolución debe expresar el fuerte compromiso de los Estados para acabar con esta plaga”.
Enlaces relacionados:
Publicación: Feminicidio en México: aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009